Esta sanción confirma el expediente de 2015 que fue anulado por la Audiencia Nacional por defectos de forma. Por lo tanto, se acredita, según el organismo sancionador, la conviencia y acuerdo entre empresas para pactar precio.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC, argumenta que los sancionados intercambiaban información que permitía coordinar estrategias comerciales en detrimento de los intereses de los ganaderos, a los que impedían fijar sus propios precios, prácticas que desarrollaron entre los años 2000 y 2013.
La CNMC, concluida la investigación, considera que las empresas y asociaciones sancionadas “han participado y son responsables de conductas anticompetitivas que infringen la legislación de competencia”. Entre ellas están la Corporación Alimentaria Peñasanta (Capsa), la que recibe una mayor sanción, 21,8 millones de euros; Danone, con 20,2; Lactalis Iberia, con 11,7; Industrias Lácteas de Granada, que deberá pagar 10,2 millones; Calidad Pascual con 8,5 o Nestlé, con 6,8 millones. A ellas se suman Schreiber Food España, Central Lechera Galicia, la Asociación de Empresas Lácteas de Galicia y el Gremio de Industrias Lácteas de Cataluña.
Además, la CNMC explica que también han participado en las conductas señaladas para pactar los precios las entidades Industrias Lácteas Asturianas (ILAS), Leche Río, Feiraco, Leche Celta, Forlactaria y Central Lechera Asturiana, si bien “su infracción ha prescrito”.
Como ejemplo de práctica anticompetitiva, la CNMV cita que las empresas sancionadas “dialogaron e intercambiaron información sobre los precios de compra que ofrecían las empresas transformadoras a sus ganaderos, los que iban a ofrecer en un futuro, la identidad de los ganaderos y los volúmenes adquiridos de éstos, o la identidad de los ganaderos que tenían intención de cambiar de transformador y posibles medidas para evitarlo”.
“Los acuerdos agravaron la situación en un mercado ya de por si concentrado desde la perspectiva de la demanda, donde existe un elevado poder negociador de la industria transformadora frente a unos ganaderos que, además de estar más atomizados, están obligados a vender la producción para conservar su cuota láctea”, apunta el comunicado de la CNMC.
Contra la resolución de la CNMC por pactar los precios de la leche no cabe recurso alguno en vía administrativa, pudiendo interponerse recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación.
“Desde UAGN nos preguntamos quien paga el perjuicio ocasionado al sector lácteo en su conjunto y en especial al ganadero que se ha visto perjudicado por la creación artificial de precios de compra de leche que ha hecho perder competitividad a todo el sector lácteo español durante años. No podemos olvidar que el ganadero es una especie en extinción debido en parte a estas prácticas y que el medio rural de muchos territorios depende de este sector”, denuncia Félix Bariáin, presidente de UAGN.
En el último año el censo de ganaderos ha descendido un 6 % en todo el Estado (-840 ganaderos desde mayo 2018 a mayo 2019, para un total de 13.288 ganaderos con entrega). En Navarra hemos pasado de 158 ganaderos a 150 en el mismo periodo.
“Las prácticas que ha acreditado la CNMC han afectado a todo el sector y al resto de industrias que compiten en el mismo mercado, distorsionando a su vez los precios de venta y posibilitando a la distribución comercial a dirigir el comportamiento del consumidor, posicionando a la leche como un producto reclamo de bajo valor que impide en la práctica una recuperación de precios y esto es intolerable”, reivindica Félix Bariáin. Por tanto, “nos parece que estas sanciones son ineficaces (existe la tentación de las industrias de repercutir esta multa a los precios en campo) ya que no eliminan estos comportamientos, los cuales deben estar sujetos a un compromiso de responsabilidad social, económico y ambiental por el sector lácteo nacional. Abogamos por tanto por un pacto de estado que de validez efectiva a la protección que necesita el sector lácteo español mediante las herramientas legislativas y regulatorias de control de la calidad de la cadena alimentaria y de las buenas prácticas que hasta ahora han sido voluntarias y poco eficaces”, concluye.
Así mismo, nuevas medidas de promoción y sensibilización de la población sobre la sostenibilidad del sector y la calidad y seguridad alimentaria que aporta al consumidor, resultan necesarias para incentivar el consumo.