Algunos Estados miembros piden ampliar el ámbito de aplicación a todos los operadores de la cadena alimentaria. Los ministro de agricultura de la UE en su reunión en Luxemburgo del 16 abril abordaron cuestiones importantes relacionadas con la cadena alimentaria ya que la Comisión Europea ha presentado su propuesta de directiva para luchar conjuntamente contra las prácticas comerciales desleales en este ámbito. Todos los ministros de agricultura comunitarios  acogieron favorablemente esta iniciativa.

España, pionera

En abril de 2014, poco antes de que el entonces ministro de agricultura Arias Cañete marchara  al Parlamento Europeo, propuso desarrollar un marco normativo europeo que garantizara la rentabilidad en todas las líneas, desde el pequeño productor a la gran cadena, que verían reguladas algunas prácticas abusivas. Europa no aceptó y entonces España aprobó la Ley de Cadena Alimentaria. Aquella legislación es el modelo que Europa sigue ahora para desarrollar una directiva común sobre este aspecto.

Una cuestión esencial en este tema, por el que UAGN y otras Organizaciones agrarias hemos peleado  y manifestado en contra durante años es que no pueden vender los productos de primera necesidad por debajo de su coste, algo que ahora asume Comisión Europea. No es de recibo que la leche o el aceite, utilizados como productos reclamo,  se regalen en los supermercados con la compra productos de limpieza. Por ello, los agricultores demandábamos una regulación que ahora es modelo europeo.

Productos de primera necesidad

En los dos primeros años de aplicación, la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) denunció esta práctica desleal de venta a pérdidas en productos esenciales como naranjas, aceitunas, aceites, leche, vinos, hortalizas… Todos los productos de primera necesidad se veían afectados por el fraude. La conciencia de que hay que proteger al eslabón más débil hace que la UE pretenda, cuatro años después de negársela a España, una normativa bajo los mismos preceptos que la propuesta por Arias Cañete.

La nueva normativa quiere obligar a formalizar siempre un contrato entre productores y empresas. La primera gran medida es obligar a un contrato entre productores y empresa o cooperativa a la que venden el producto. Se obliga a un año de contrato bajo un mismo precio y luego se revisa, dependiendo de las calidades y otros parámetros. Esto otorga una previsión de ingresos, que permite estabilidad en las explotaciones agrarias.

La UE plantea en esta directiva la creación de una agencia como la AICA española que persiga las prácticas abusivas. El objetivo es que haya unos precios justos en todos los eslabones de la cadena. En contra está el gran lobby de la leche europeo, formado por los países cuya legislación sobre cooperativas permite que se aglutinen hasta el punto de constituir «monopolios». Holanda, Finlandia, Noruega y Dinamarca se oponen a esta directiva.

Esa oposición ha hecho que el primer borrador no regule todos los intercambios entre productores y empresas, dejando fuera del marco a las multinacionales, que podrían negociar sus propios precios. La influencia de la ley española en esta regulación europea se puede ver también el desarrollo de una lista de prácticas  prohibidas y sujetas a sanciones. Ese listado se pondrá en manos de la futura agencia europea de control, que tiene por objetivo velar para que se cumpla la libre competencia entre los diferentes eslabones de la cadena alimentaria en el espacio común, preservando la rentabilidad de todos ellos.