“Ésta es una lucha de todas y todos, también de la ciudadanía, que puede ver su subsistencia en juego, al peligrar el sector que le procura alimentos seguros y de calidad”, afirmaba contundente Bariáin. “Aunque el impacto es todavía mucho más amplio: el poner en jaque al agro, que son quienes habitamos y cuidamos del entorno rural, también se amenaza al medioambiente, a los pueblos cada vez más deshabitados… y, por supuesto, a una gran parte de la economía de la sociedad; primeramente, por supuesto, a la economía de la zona rural, pero también al bolsillo de los consumidores y consumidoras, que pagarán más por el logro de un sustento, que además se tornará menos saludable”, seguía.

Unas ideas, las de Bariáin, que se están poniendo sobre la mesa en todo el continente, ya que, como bien explica el presidente de UAGN, es la situación de un sector que funciona bajo el mismo marco político, la Política Agraria Comunitaria (PAC). “Nos manifestamos por el diseño de un modelo, de un sistema, cuyas consecuencias son palpables mucho más allá del propio sector, como explicaba antes, afecta directamente a la sociedad”. “Es una política que nos ahoga, que está haciendo que cada vez menos personas decidan instalarse como agricultor y ganadero, porque es insostenible. No podemos seguir así. Se está provocando la desaparición del sector y esto va en detrimento, en primer término de los y las profesionales del campo y sus familias, pero, como decía, en segundo término por supuesto también del resto de ciudadanos, porque realizamos un servicio esencial”, continuaba.