Yo creo que en ese sentido la potencia de este acuerdo se debe plasmar en Madrid, en la negociación con las diferentes comunidades autónomas. Vaya por delante nuestra oposición a ese recorte de un 14 % de los fondos europeos . Creo que en este documento, además de estar en contra de ese recorte, se reflejan varias de las iniciativas que planteamos nosotros a nivel de organizaciones agrarias, en el Estado con nuestras movilizaciones. Creo que es importante que una Administración, en este caso la Navarra, se ponga del lado de los agricultores y ganaderos, y luche con los mismos objetivos. No hay que olvidar que se nos ha encargado ser parte activa y creemos además, que no sólo somos parte activa sino somos la solución a los problemas del cambio climático y de sostenibilidad ambiental, y en ese sentido creo que es importante que vayamos todos juntos, porque así será más fácil la consecución de esos objetivos.”

La consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Itziar Gómez, ha acordado con el sector agrario la posición común que defenderá Navarra con respecto al modelo de aplicación de la Política Agraria Común (PAC) 2021-2027. En este pacto se plasma el recorte de presupuesto de los fondos europeos y se incide en la necesidad de definir el modelo de aplicación.

Estas y otras medidas se plasman en el acuerdo firmado el pasado viernes 6 de marzo, por la consejera con los presidentes de las organizaciones agrarias UAGN (Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra), Félix Bariáin; EHNE-Nafarroa (Euskal Herriko Nekazarien Elkartasuna), Imanol Ibero; y UCAN (Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra, José Mª Martínez.

Tras la firma del acuerdo, la consejera ha indicado que “para poder avanzar es necesario un acuerdo político para que el Ministerio defina ya lo principal: el modelo de aplicación de la PAC. Un modelo que elimine los derechos históricos, que priorice al agricultor profesional, que defienda la explotación familiar agraria o que promueva producciones agrarias sostenibles económica, social y ambientalmente, alineadas con las demandas de la sociedad y que refuerce los mecanismos de regulación del mercado”.

En concreto, el texto recoge el rechazo a la propuesta lanzada por el presidente del Consejo Europeo de recortar un 14 % los fondos agrarios para el periodo 2021-2027. Cualquier disminución del presupuesto agrícola para el próximo periodo dificultaría la consecución de los ambiciosos retos económicos, sociales y medioambientales planteados. El presupuesto ha de ser acorde con los objetivos perseguidos.

Respecto a la defensa del modelo de explotación familiar, el acuerdo indica que el pago redistributivo debe ser la herramienta que permita discriminar positivamente a un determinado modelo de explotación. En el caso de Navarra, se defiende el modelo de explotación familiar agraria integrado principalmente por profesionales y con una actividad real.

En cuanto al incremento de medidas en la cadena alimentaria, el acuerdo indica que es necesario fortalecer e impulsar las organizaciones de productores, la integración cooperativa e intervenir a nivel de cadena alimentaria. Hay que romper con la situación de desequilibrio en la que se encuentra el productor e incluir en los reglamentos medidas de control que posibiliten unas relaciones más equitativas a lo largo de toda la cadena de valor.

Otras medidas

Las otras medidas recogidas en el acuerdo son los siguientes:

-“El actual modelo de aplicación de la PAC 2014-2020 ha resultado difícilmente entendible por el sector, muy complicado de gestionar y que no va a conseguir alcanzar, al igual que sus predecesoras, los objetivos marcados: garantizar rentas, garantizar la seguridad alimentaria europea, mejorar la competitividad, reparto equitativo del valor en la cadena alimentaria, luchar contra el cambio climático, dinamizar las zonas rurales, simplificación, etc.

- Es difícilmente comprensible y difícilmente justificable establecer un modelo de cálculo de pagos directos (suponen el 85% del presupuesto del primer pilar) basado en el histórico de derechos fijados en el periodo 2000-2002 a nivel individual. El nivel de apoyo que reciben las explotaciones viene marcado por la orientación y dimensión de esa explotación en el periodo de referencia citado. Aquellas explotaciones que se han redimensionado o reorientado, han tenido que salir al mercado a comprar derechos y se ha alimentado la especulación.

- Y si es importante el “cómo” se asignan los pagos, no menos importante es el “quién” es el beneficiario de esos pagos. Visto el fracaso que ha supuesto la figura de agricultor activo, vemos necesario abrir el debate de quién puede recibir pagos PAC. Y tenemos claro que el agricultor profesional ha de ser prioritario.

- El capping (establecer límites máximos) debe ser la herramienta que marque topes máximos de ayuda por explotación.

- El pago redistributivo tiene que tener dotación propia además de nutrirse con los fondos provenientes del capping. En Navarra iría destinado a titulares PAC que justifiquen un número máximo y mínimo de UTAS (Unidad de Trabajo Agrario).

- Apostamos por una PAC orientada a promover producciones agrarias sostenibles económica, social y ambientalmente, alineadas con las demandas de la sociedad y por el refuerzo de los mecanismos de regulación de mercado.

-Evidentemente, una PAC orientada solo al mercado no reconoce en su totalidad los valores que nos aporta este modelo. Y creemos que es necesario marcar líneas rojas. No podemos permitirnos que las importaciones de productos de países terceros supongan la destrucción de tejido productivo en Europa. Entre otras cosas porque le estamos exigiendo al sector garantías en materia de seguridad y salubridad alimentaria en la UE, cuestiones estas exigibles también a los productos provenientes de países terceros en base a la reciprocidad. Y, en este sentido, por qué no poner en valor el concepto de soberanía alimentaria. Apostamos por dotar de contenido el concepto de preferencia comunitaria, activar los sistemas de protección en frontera en cuanto se detecte que las importaciones de un producto pongan en jaque a un determinado sector.

-Apostamos también por mantener nuestras competencias en el marco del Desarrollo Rural. El segundo pilar nos permite diseñar políticas propias adaptadas a nuestro territorio y a la realidad de nuestro sector productivo además de que nos permite amortiguar alguno de los efectos negativos que la aplicación del primer pilar tiene en determinados sectores y territorios. Además nos va a posibilitar avanzar en la lucha, mitigación y adaptación al cambio climático. Por otra parte el Pla de Desarrollo Rural (PDR) nos permite desarrollar estrategias de desarrollo local participativas, sobre las que es necesario también abordar una importante revisión. El medio rural del siglo XXI debe ser ambicioso en sus objetivos y abierto en la concepción y desarrollo de lo que queremos que sean nuestros pueblos”.

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