La Audiencia Nacional anula la multa de 88 millones de € que impuso la CNMC a algunas industrias lácteas por “irregularidades”

• Aún queda la posibilidad de un recurso ante el Tribunal Supremo
• Las empresas afectadas son: Danone, Grupo Lactalis Iberia, Corporación Alimentaria Peñasanta, Puleva, Leche Pascual, Nestlé, Cooperativa Agrícola y Ganadera del Pirineo SCCL, el Gremio de Industrias Lácteas de Cataluña y la Asociación de Empresas Lácteas de Galicia. 

La Audiencia Nacional ha echado para atrás una multa de 88 millones de euros a las empresas lácteas que el regulador impuso en marzo de 2015. Según se ha podido conocer estos días a través de distintos medios de comunicación empresas como Calidad Pascual, Danone o Corporación Alimentaria Peñasanta (Central Lechera Asturiana) han recibido este mismo lunes la sentencia judicial que les exime de pagos millonarios (23,3 millones Danone; 21,8 Capsa, 11,6 Lactalis; 10,6 Nestlé, 8,5 Calidad Pascual y 10,2 Puleva, que en su momento estaba controlada por Ebro Foods.

Con esta decisión judicial se ve truncada la batalla contra los supuestos acuerdos que podían vulnerar el libre mercado (se les acusaba de reparto de mercado e intercambio de información en 2013) y que ha llevado incluso a varias empresas a enfrentarse al pago de indemnizaciones millonarias por procesos mercantiles.

Lo más llamativo de esta decisión, es que la Audiencia Nacional no entra a juzgar el fondo de la cuestión, es decir si hubo prácticas ilegales o no, sino que el expediente sancionador elaborado por la CNMC tiene distintos defectos de forma que han provocado su anulación.

Es por este motivo, que la CNMC podría volver a iniciar desde el principio el procedimiento, un proceso que ya lleva, casi 4 años desde que se produjo la multa millonaria.

Ahora la tramitación se hará por procedimiento de urgencia, la CNMC tiene hasta 6 meses para rehacer el informe del procedimiento sancionador, aunque es probable que el proceso tenga nuevos recursos que dilaten la sentencia definitiva todavía unos años.

Esta dilación puede permitir la entrada a otros afectados entrar en las demandas y aumentar las cantidades a pagar en su caso en un futuro , simplemente por intereses, si finalmente la sanción es firme.

Por tanto, lo que queda claro es que el proceso vuelve al punto de inicio y que el sector todavía no puede contar entre los avances indispensables para su futuro, la normalización y regularización definitiva de las relaciones entre ganaderos e industria.