Tras la movilización del 18 de diciembre en Bruselas, en la que UAGN participó activamente, el 7 de enero se reunieron los ministros de Agricultura de la UE para debatir medidas de apoyo al sector. En dicha reunión se acordó un paquete de financiación adicional para el Marco Financiero Plurianual de 45.000 millones de euros, que UAGN valora positivamente, aunque considera que aún queda mucho por hacer para reducir costes de producción, eliminar aranceles a insumos esenciales y garantizar condiciones equitativas frente a los mercados internacionales.

UAGN exige que dicho incremento de presupuesto se haga efectivo antes del acuerdo con Mercosur y seguirá presionando para que la obligatoriedad de esos fondos sea para todos los países miembros. Se trata de 45.000 millones de euros, cifra, que, combinada con la propuesta de la presidenta Ursula von der Leyen de destinar un 10% a un Fondo Rural dentro de los Planes Estratégicos, podría revertir el recorte del 22 % de la PAC.

         Estas medidas suponen un avance significativo para el sector agrario y son fruto directo de la presión ejercida por las movilizaciones del campo en Bruselas, en las que UAGN participó activamente. “La respuesta de la Comisión Europea demuestra que la movilización y la unidad del sector son herramientas eficaces para influir en las decisiones políticas y corregir planteamientos que ponían en riesgo el futuro de la agricultura y la ganadería. Desde UAGN valoramos que se empiece a escuchar al sector, aunque insistimos en que será imprescindible seguir vigilantes para que estos compromisos se traduzcan en medidas reales y efectivas”, continúa.

Acuerdo UE-Mercosur
         Sin embargo, estamos expectantes ante el acuerdo con Mercosur; y UAGN insta a la delegada del Gobierno de Navarra, Alicia Echeverría, y a la presidenta del Ejecutivo foral, María Chivite, a exigir a Pedro  Sanchez, presidente del Gobierno de España y a los europarlamentarios, a que se manifiesten en contra.

         La aprobación del acuerdo del Mercosur solo será viable si se garantiza su carácter bilateral y se incluyen cláusulas espejo, de manera que las condiciones comerciales sean recíprocas para todos los países del bloque. Esta medida es imprescindible para proteger la competitividad de los productores y asegurar que la apertura de mercados genere beneficios reales y equitativos para España en su relación con Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina.

         “Este tratado supone una amenaza directa para profesionales del campo, al permitir la entrada de productos agroalimentarios procedentes de terceros países que no cumplen los mismos estándares sanitarios, medioambientales y laborales que se exigen en la Unión Europea. Esta competencia desleal pone en riesgo la viabilidad de las explotaciones navarras, presiona a la baja los precios en origen y contradice el discurso institucional de apoyo al sector primario. Desde UAGN reclamamos coherencia y la defensa firme de los intereses del campo navarro y europeo frente a acuerdos que sacrifican al sector agrario en favor de otros intereses económicos”, matiza Bariáin.

Demanda contra la salud pública
         Así mismo, UAGN anuncia que estudiará la posibilidad de presentar una demanda contra aquellos europarlamentarios españoles que voten a favor del acuerdo con Mercosur en las condiciones actuales.

         “Todos los Parlamentarios son conocedores de las limitaciones en el uso de fitosanitarios a los agricultores de la Unión Europea para preservar la salud pública. Sin embargo, ese conocimiento no se tiene en cuenta para consentir que productos que contengan productos prohibidos en la UE se puedan poner a disposición de los consumidores firmando el Convenio Mercosur”, expone Bariáin.

         “Ello supone que se puedan convertir en cooperadores necesarios de un delito contra la salud pública en España y UAGN va a poner todo su empeño en que se aclare si la importación de bienes que contengan productos prohibidos en la UE supone la comisión de un delito en España por aquellos que importan dichos productos con el apoyo de los europarlamentarios o bien las autoridades españolas están prevaricando al imponer medidas que según los propias normas, los tratados internacionales forman parte del derecho español, supondrían una discriminación no amparada en caso de que se firme el tratado de Mercosur”.

         “Es inadmisible que se prohíban en Europa sustancias activas nocivas para la salud de los ciudadanos y, al mismo tiempo, se permita su entrada a través de importaciones desde terceros países. Esto demuestra una doble moral intolerable y una grave irresponsabilidad política. Actuar así no solo pone en riesgo la seguridad alimentaria, sino que vulnera los derechos de los consumidores europeos”, ha declarado Félix Bariáin.

         “Dicho tratado se considera un atentado contra la salud pública. El acuerdo permite la entrada en el mercado europeo de productos agroalimentarios que no cumplen los estándares sanitarios, fitosanitarios y de trazabilidad exigidos a los productores europeos, lo que supone un riesgo para la seguridad alimentaria de los consumidores. Además, esta situación genera una grave desigualdad normativa que perjudica al sector agrario y vulnera el principio de protección de la salud recogido en la legislación europea. Desde UAGN entendemos que apoyar este acuerdo sin garantías suficientes implica una responsabilidad política y legal que no puede quedar impune”.

Eliminación de impuestos aplicados a fertilizantes
         Asimismo, desde UAGN reclamamos la eliminación inmediata de los aranceles y del impuesto al CO2 aplicado a los fertilizantes, una medida necesaria para aliviar los elevados costes de producción que soportan agricultores y ganaderos, y compensar los costes asociados al Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono, CBAM.

         Con la disminución de estos impuestos debería bajar el precio de los fertilizantes y UAGN se mantendrá vigilante para que esta bajada sea un hecho y sea real.

         “Se trata de un insumo clave para el sector y cualquier incremento en este ámbito podría neutralizar el impacto positivo de la retirada del impuesto y volver a poner en riesgo la rentabilidad de las explotaciones. Por ello, exigimos un seguimiento riguroso de los precios y la adopción de medidas que garanticen la estabilidad de los costes y la viabilidad del sector primario”, expone Bariáin.