“Dichas medidas se planteaban como una apuesta por el relanzamiento económico estos momentos de crisis por la covid-19, sin embargo, implica, en numerosos ejemplos estudiados, un incremento de la presión fiscal generalizado y por tanto no constituye una herramienta para salir fortalecidos de esta crisis, sino todo lo contrario”, manifiestan las organizaciones. “Así mismo, la aplicación de este nuevo sistema de tributación obligará a una mayor carga administrativa y de trabajo al autónomo empresario en su gestión del negocio y en caso de que decida externalizar la gestión de la contabilidad, un mayor coste económico. Esta circunstancia afectará especialmente a los pequeños negocios, precisamente los más vulnerables”, continúan.

Las comunidades autónomas limítrofes como La Rioja o Aragón seguirán tributando por el régimen de estimación objetiva, por lo que “consideramos un agravio comparativo con Navarra que, sin duda, perderá competitividad en sus productos y servicios, y por tanto se puede ver perjudicado el empleo y la tributación por IVA”, exponen.

Desde las organizaciones entienden, por tanto, que no se ha realizado la transición en base a un procedimiento participativo, sino que se ha presentado un proyecto de Ley incluyendo la medida de eliminación del sistema de módulos por un sistema de estimación directa simplificada especial sin explicar a los distintos sectores como se ha gestado el mismo y las fuentes utilizadas para la determinación del rendimiento previo y del porcentaje de gastos de difícil justificación. Dicho cambio no ha sido consensuado con las organizaciones profesionales firmantes, ni se ha establecido un diálogo transparente donde se hayan aportado las fichas técnicas y estimaciones económicas que evalúen el impacto de estas nuevas medidas a nivel recaudatorio y de presión fiscal para las familias.

Con todo ello, “pretendemos visibilizar la postura de negociación y colaboración que mantienen y caracterizan a las organizaciones firmantes con la Administración Foral de modo que podamos tener una reunión y debatir en concreto los términos expresados en una reunión con la Dirección General de Hacienda que solicitamos de forma conjunta inmediatamente”, concluyen.

Así mismo, manifiestan su total oposición a que se considere al régimen de estimación objetiva como objeto de la lucha antifraude, habida cuenta de la historia fiscal de este sistema que ha permitido poder garantizar la recaudación y facilitar la misma en todo el territorio y en sectores concretos que por su actividad hubieran tenido dificultades con sistemas más complejos.