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Las Organizaciones agrarias de ámbito estatal y las Cooperativas Agroalimentarias han remitido a la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, su propuesta de actuaciones prioritarias cara al “Plan Estratégico Sectorial de la Fruta Dulce”, que va a presentar el Ministerio al sector y han insistido en la necesidad de medidas fiscales y financieras urgentes. 

El pasado verano el comportamiento del mercado de la fruta de hueso fue especialmente virulento, aunque el problema de desequilibrio oferta-demanda de la fruta dulce es  evidentemente estructural, y ha provocado un deterioro grave y sostenido de la rentabilidad de las explotaciones en las últimas campañas, hasta poner en riesgo la continuidad de muchas de ellas.

Esta situación motivó que el Ministerio impulsará este otoño en el diseño de un “Plan Estratégico de la Fruta Dulce”. De momento, en la fase de diagnóstico, se han analizado los factores que explican la situación crítica que atraviesa este sector, señalando entre otros: la saturación del mercado comunitario agravada por el “veto ruso”, el incremento de la producción en los últimos años y el riesgo de sobreoferta, incluso en fechas y regiones más tempranas, la caída del consumo nacional o el desequilibrio de poder de negociación en la cadena alimentaria.

Las organizaciones representativas de este sector aplauden y secundan esta iniciativa del Ministerio, que busca recuperar la viabilidad de estos cultivos, induciendo la intervención de las administraciones, (estatal y autonómica), y también de los propios operadores, y confían en que, en las próximas semanas, se pase a la acción.

En el marco del encuentro sector-Ministerio, las Organizaciones volverán a insistir también en la urgencia de acelerar las medidas coyunturales –fiscales y financieras- que ya han reclamado ante el Ministerio.

El documento conjunto acordado por ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de España y remitido a la ministra, recoge la siguiente batería de propuestas:

  1. Establecimiento de un “Plan de Arranque y Abandono”, dando salida a una parte de las explotaciones, mediante el cese de la actividad.
  2. b) Constitución de la interprofesional de la fruta, orientada a algún interés común, como la promoción del consumo de fruta de hueso en España o la regulación de la calidad de la fruta.
  3. c) Mejorar la concentración y la organización del sector productor, reforzando los incentivos y criterios a favor de la integración y el dimensionamiento de las cooperativas y las OP, mejorando los medios y la eficacia de su actividad comercial y garantizando que son controladas sólo por los productores y que responden a los intereses de éstos.
  4. d) Priorización y apoyo específico a explotaciones familiares, que son la más amenazadas actualmente y el modelo que más contribuye a mantener el tejido social y el desarrollo económico del medio rural.
  5. e) Modificar la “Estrategia Nacional de los PO”, para priorizar y adaptar mejor las medidas subvencionables a las necesidades y problemáticas específicas de este sector.
  6. f) Mejorar la aplicación de la medida de prevención y gestión de crisis de la OCMFH, pero sin pretender que el problema de desequilibrio estructural que tiene el sector se solucione con un instrumento coyuntural como es esta medida.
  7. g) Limitación temporal de las nuevas plantaciones: dejando de financiar nuevas plantaciones de fruta de hueso dentro de los PO y de los PDR, para evitar que siga creciendo el potencial productivo de España.
  8. h) Impulsar un Plan de promoción del consumo de fruta de hueso en España y optimizar el “Programa Fruta en las Escuelas”, garantizando la máxima calidad de la fruta distribuida.

Mejora del “funcionamiento de la Cadena” intensificando el Plan de Controles de la AICA sobre el cumplimiento de la “Ley de la Cadena” (en particular, para perseguir las prácticas de “entregas a resultas” y el incumplimiento de la obligación de contratación) e impulsando los contratos tipo homologados.

Mejorar de la calidad del producto comercializado: mejorando, a lo largo de la cadena, la gestión de la calidad y las condiciones organolépticas del producto ofertado y su estabilidad; reforzando el  control de las normas de comercialización y etiquetado –especialmente en puntos de venta- y mejorando la formación de los servicios de control  y de los profesionales en contacto con el consumidor.

Internacionalización y diversificación de las exportaciones, intensificando los esfuerzos de las administraciones y del sector.