Primera reunión con productores en el marco del proyecto “Experiencia piloto de mejora de accesibilidad de producto local alimentario en Tierra Estella. Alimentos de Tierra Estella”
01/11/2018
Ampliada la zona delimitada en Navarra como vulnerable a nitratos
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Son muchos los indicios que inducen a pensar que la aplicación de la reforma de la nueva PAC puede demorarse hasta el 2023…, ¿o más? Los plazos se acortan y son muchas los temas pendientes de resolver.  El primer gran escollo es sin duda las negociaciones institucionales sobre el presupuesto comunitario. Es de destacar que el Gobierno español todavía no ha hecho pública su posición en las negociaciones sobre el marco Financiero Plurianual para el periodo 2012-2027 y no menos importante será la preparación y adopción de los nuevos Planes Estratégicos que tienen que definir los Estados miembros. Dos escollos de gran calado que a buen seguro requerirán meses de negociación. Y luego habrá que esperar a que el Parlamento europeo -cuyas elecciones se celebran en mayo 2017- dé el visto bueno antes de cavar la actual legislatura.

A pesar de ello, exponemos las principales medidas que defiende la ponente del Parlamento, la riojana Esther Herranz:

  • Se propone retrasar la aplicación de la reforma de la PAC hasta 2023.
  • Propone que el 70% de los fondos para pagos directos se destinen a al Pago Básico, que se denomina “ayuda básica a la renta para la sostenibilidad”.
  • Apoya establecer un techo de ayudas obligatorio por explotación, aunque propone dejar que los Estados decidan dicho límite siempre que sea inferior a 10.000 €; deduciendo los salarios, los eco-programas y los pagos a los jóvenes agricultores.
  • Aboga por un pago redistributivo a las 30 primeras hectáreas de cada explotación, que debería representar un máximo del 25% del Pago base.
  • Pagos acoplados: propone mantenerlos en su nivel actual (13% del presupuesto y un 2% adicional para los cultivos proteicos).
  • Pago complementario a los jóvenes: propone que puedan ser beneficiarios hasta los 45 años (actualmente 40) y que se paguen durante un periodo de 7 años (actualmente 5).
  • Simplificación de los requisitos de condicionalidad.
  • Mantenimiento de los actuales porcentajes de cofinanciación a las medidas de desarrollo rural.

Sin embargo, el propio Ministerio está moviendo ficha y quizás con un interés electoralista ha convocado a las comunidades autónomas y organizaciones agrarias a una ronda de encuentros para debatir y abordar los principales temas de la reforma: definición de agricultor genuino; retirada de derechos históricos, capping, ecoesquemas, etc.

UAGN, informará puntualmente de estos encuentros en los que participará.