La nueva Política Agraria Común (PAC) ha introducido un nuevo concepto, el de condicionalidad social.  De acuerdo con la normativa comunitaria, la mencionada condicionalidad entrará en vigor en el año 2025. No obstante, España ha decidido aplicarla en el año 2024. Se vincula la concesión de los pagos directos y otras ayudas, al cumplimiento de las normas laborales y de seguridad en el trabajo.

En Europa han considerado que todavía existen  deficientes condiciones de empleo a las que se enfrentan algunos trabajadores agrícolas y argumentan que las explotaciones que cumplen con las normas laborales se encuentran en desventaja con respecto a aquellas otras que no lo hacen.

Motivar mejoras en las condiciones de empleo, salud y seguridad de los trabajadores agrarios han sido una preocupación constante para UAGN a lo largo de los años. En colaboración con  el SNE implantamos programas y actuaciones dirigidas a que las explotaciones cumplan con la normativa laboral y establezcan  buenas prácticas en aras a un empleo agrario de mayor calidad. El avance del sector gracias al asesoramiento realizado a las explotaciones  por  los servicios técnicos de UAGN  ha sido importante en los últimos años por lo que el nivel de observancia de la normativa laboral en el sector primario navarro en general es alto y satisfactorio. La condicionalidad Social pretende elevar los estándares laborales en el sector agrario y eso es precisamente lo que UAGN viene haciendo desde hace dos décadas.

Para la aplicación de la condicionalidad social en los Estados miembros se aprovecharán los controles realizados por los sistemas ya vigentes de inspección. En esencia se trataría de que los organismos pagadores delegaran en las autoridades competentes de empleo, seguridad social y salud y seguridad en el trabajo, los controles a realizar de condicionalidad social, sin crear nuevas estructuras, ni implicar cargas administrativas adicionales. Es decir se cruzarían  datos por lo que una inspección de trabajo podría acarrear una sanción en la Pac.

En cuanto a las sanciones serían las mismas que las establecidas para el resto de condicionalidad con recortes entre el 1% y el 5% de las ayudas a percibir y, luego, en función de la intencionalidad, la gravedad o la reiteración, las reducciones podrían ser superiores o, incluso, se puede llegar a excluir al infractor de los pagos en el siguiente año. 

Desde UAGN seguiremos informando al respecto.