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27/04/2021Félix Bariáin, presidente de UAGN, debatió, con los grupos parlamentarios, sobre la cadena alimentaria, las medidas medioambientales, el despoblamiento y la nueva fiscalidad
El 16 de marzo, UAGN organizó el segundo Debate Político Agroalimentario en el que Félix Bariáin, presidente de UAGN, junto a Miguel Bujanda, en representación de Navarra Suma; Pablo Azcona, en representación de Geroa Bai; Javier Lecumberri, en representación del Partido Socialista de Navarra; Adolfo Araiz, en representación de EH Bildu; y Marisa de Simón, en representación de Izquierda-Ezquerra, debatieron sobre las propuestas de los grupos políticos para la recuperación del sector agroalimentario tras la pandemia de la covid-19. Se pudo ver la retransmisión en directo vía streaming y ahora puedes volver a verlo en nuestro canal de YouTube. Durante más de dos horas se debatieron temas fundamentales que afectan a la gestión diaria de agricultores y ganaderos, como la ley de la cadena alimentaria, el despoblamiento, los cambios fiscales, las exigencias ambientales, los proyectos de placas fotovoltaicas, etc. No hubo representación de Podemos a pesar de haber sido invitado.
El debate se estructuró en 4 grandes bloques: Cadena Alimentaria y Sello Social; Medidas medioambientales; Despoblamiento; y Fiscalidad Cadena Alimentaria y Sello Social.
Todos los grupos parlamentarios abogaron por el cumplimiento de Ley de la Cadena Alimentaria. Miguel Bujanda manifestó que “la modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria es una oportunidad para conseguir un control en todos los eslabones de la cadena, sobre todo, con el eslabón más débil, que es el nuestro, el de los agricultores y ganaderos”. Pablo Azcona explicó que el problema viene, muchas veces, marcado por un mercado globalizado que depende de decisiones establecidas por Europa y que ha habido tratados con terceros países que han afectando de forma importante al sector agrario. “Para eliminar esos desequilibrios, Navarra debe legislar desde el proteccionismo, sabemos que es difícil, pero la PAC debe garantizar eso. De hecho, se está trabajando una Ley de Venta directa para potenciar los circuitos cortos de comercialización, que también dan un valor añadido. Se está trabajando también con la AICA a nivel estatal para llegar a estos objetivos”. Adolfo Araiz sostuvo como ahora está en proceso la modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria y es el momento de exponer cuál es el coste efectivo de la producción para que cualquier eslabón de la cadena no venda a pérdidas y en ese sentido “creo que hay que elaborar índices de referencia efectivos, transparentes, verificables y desde luego no sean manipulables por la cadena. Y por otro lado nos parece interesante la creación de una entidad mediadora entre los agentes para garantizar estos índices“. Marisa de Simón mencionó los criterios de por donde tienen que ir las políticas agrarias.
Félix Bariáin, presidente de UAGN; Miguel Bujanda, en representación de Navarra Suma; Pablo Azcona, en representación de Geroa Bai; Javier Lecumberri, en representación del Partido Socialista de Navarra; Adolfo Araiz, en representación de EH Bildu; y Marisa de Simón, en representación de Izquierda-Ezquerra
“En primer lugar, la seguridad y calidad alimentaria a través de un modelo de soberanía alimentaria; en segundo lugar, la seguridad ambiental ligada a unos sistemas agrarios más autónomos y sostenible; y, por último, una justicia social ligada a las condiciones de las personas que trabajan la tierra. Bajo nuestro punto de vista, un factor fundamental es el desarrollo de la cultura local y orientar hacia esos circuitos de comercialización cortos.”
La iniciativa de Sello Social planteada por UAGN tuvo muy buena acogida por todos los grupos parlamentarios. Miguel Bujanda manifestó que “la propuesta del el Sello Social podría conseguir una cadena agroalimentaria más fuerte. La realidad es que en los presupuestos no hubo partida porque no estaba desarrollado. Yo propongo una especie de “AICA Foral” que vigile y gestione la Ley de la Cadena Alimentaria con los servicios y estructura del propio Gobierno y que esto nos sirva junto con el Sello Social para ir avanzando para que esa cadena no acabe rompiéndose siempre por nuestro eslabón que es el más débil.” Javier Lecumberri declaró que “vemos esta iniciativa como una oportunidad, pero como toda oportunidad tiene su cara y su cruz. La cruz es que todo este sistema de la cadena alimentaria precisa de unos sistemas de certificación de cierta complejidad, en primer lugar, necesitamos un reglamento que regule estas situaciones y certifique que lo que se está haciendo es correcto, así mismo, debe haber unos sistemas de control que aseguren que los datos certificados son correctos, es decir se requiere de una gran infraestructura para que esto funcione. Por lo tanto, nos parece una idea innovadora que puede llevar justicia al campo y puede ser muy interesante desde el punto de vista de los productores, pero no le podemos quitar la complicación que tiene en sacar adelante un tema como este”, concluye.
Pablo Azcona expuso que comparte los objetivos del Sello Social, “pero evidentemente no es tan sencillo, ya que hay en estos momentos Indicaciones Geográficas Protegidas, Denominaciones de Origen, etc. que dan un control y valor añadido”. Adolfo Araiz comentó como la idea del Sello Social planteaba un problema de inicio “que es determinar los costes de cada uno de los eslabones, es decir, no podemos llegar al Sello Social si no tenemos aclarados y establecidos los costes de producción, ya que la labor de certificación tiene que tener un trabajo previo que en estos momentos está por hacer y en el que todos los agentes tienen que intervenir”. Marisa de Simón explicó que habría que concretar cómo es el establecimiento de precios en toda la cadena. Félix Barián comenzó su intervención confirmando que los grupos políticos habían realizado un análisis perfecto de la situación, pero “debemos ir al siguiente paso, ya que, si en el análisis se detectan problemas, es hora de proponer medidas. Llevamos dos años de legislatura y creo que es el momento de trabajar. Ya no se puede hacer mención a la falta de presupuesto y voluntad, entiendo que después de este discurso también la hay, pero vuelvo al mismo discurso: tenemos una Ley de la Cadena Alimentaria que hay que cumplir, habrá que crear un observatorio de precios".
Continuó: "Pero antes de todo, se puede empezar por dos cuestiones básicas: por un lado, que no se están cumpliendo los contratos entre industria y productores; y por otro, que no se están cumpliendo las fechas de pago de los productos. De la misma manera que nosotros estamos comprometidos con la regularización de nuestro sector y llevamos décadas intentando que el trabajo cada vez sea más digno, exigimos también a la parte siguiente de la cadena, que se hagan contratos con nosotros que estén por encima de los costes de producción y que se paguen en fechas. No hay ningún sector en la economía que esté trabajando con precios de hace 40 años”.
Medidas medioambientales
En el segundo bloque comenzó Marisa de Simón afirmando como en Europa su grupo parlamentario, junto a EH Bildu, votó en contra de la nueva PAC “porque no contaba con el suficiente compromiso social y medioambiental”. Adolfo Araiz añadió que “para nuestro grupo parlamentario los ecoesquemas tienen que suponer una trasformación del modelo agrario más sostenible, y tienen que apoyar a quienes van a sustentar la transformación hacia otro modelo agrario”. Pablo Azcona, durante su intervención explicó cómo la nueva PAC va hacia un cambio de modelo más sostenible. “Es evidente que la estrategia de Navarra no puede estar desligada a la europea porque estaremos perdiendo una capacidad de financiación importante, además de incumplir seguramente otras cuestiones, y esa capacidad de financiación va a venir por los fondos Next Generation y sobre todo con el presupuesto plurianual, al cual hay que darle forma”. Javier Lecumberri expuso que la posición de Navarra que se ha defendido en Europa se basa en tres principios: en primer lugar, cambio de modelo hacia una profesionalización del sector, frente a los derechos históricos; en segundo lugar, acciones para rejuvenecer el sector; y, en tercer lugar, una agricultura sostenible compatible con la rentabilidad. Miguel Bujanda explicó como en Europa se han olvidado de los de la granja y los de la mesa y defendió que no tiene sentido que “nos hagan competir con herramientas con las que no vamos a ser competitivos con países terceros. No nos podemos permitir perder el 10 % de suelo y de la producción por obligaciones pseudoecológicas, que posteriormente habría que pensar si son reales o no“. Aboga por una sostenibilidad tecnológica. “La agricultura siempre ha sido tecnológica, en los últimos 70 años hemos sido capaces de demostrar cómo se ha duplicado la producción a base de tecnología y por tanto creo que puede haber una sostenibilidad tecnológica. Y a partir de aquí no hay nada más atractivo en el medio rural para los jóvenes, que la rentabilidad y sostenibilidad y para eso se necesita que el sector sea competitivo y sostenible y para ello necesitamos una legislación que piense de verdad en los de la granja (los productores) y en los de la mesa (los consumidores)”.
En cuanto a las placas fotovoltaicas, todos los grupos parlamentarios coincidieron en que ese tipo de macroparques hay que instalarlos en zonas no productivas. Marisa de Simón opinaba que se trata de energía renovable y limpia pero que deben estar en terreno urbano. Araiz, por su parte, recordó que ya existe una Orden Foral en Navarra que excluye la implantación de este tipo de parques en cultivos con alto valor productivo. Pablo Azcona puso el foco en una ley “que estamos insistiendo que llegue al Parlamento lo antes posible y es la Ley del Cambio Climático donde se expone cómo incentivar en el sector agrario con la instalación de placas fotovoltaicas en cubiertas que también servirán para mejorar la competitividad del sector”.
Javier Lecumberri afirmó como ”desde nuestro punto de vista y así lo estamos regulando, las zonas de alta producción y rentabilidad quedan excluidas. Este tema está relacionado con el Plan Estratégico de Energía de Navarra, cuyo objetivo es sustituir la generación de energía mediante combustibles fósiles y contaminantes por energías renovables y otra cuestión es el autoconsumo, donde la Ley de Cambio Climático expone claramente que hay que incentivar a las explotaciones agrícolas para la generación de las energías renovables en la propia explotación para el autoconsumo”. Miguel Bujanda dijo que “no tiene ningún sentido que las placas fotovoltaicas ocupen terrenos de alto valor productivo”. En su intervención Félix Bariáin expresó su sorpresa que el grupo de IE y EH Bildu se posicionaran en contra a nivel europeo de la PAC porque no recogía los condicionantes sociales y medioambientales. “No sé a que llaman condicionantes sociales y medioambientales, pero les puedo asegurar que, si hay una política a nivel europeo que recoge condicionantes medioambientales y sociales esa el la PAC, en ningún otro sector, tienen una regulación tan potente a nivel medioambiental y social. Parece que Europa está lejos, pero sus partidos son los mismos que los que legislan. Esta claro que cada vez vamos hacia una sociedad más verde y sostenible, y no nos olvidemos que la sostenibilidad tiene tres principios, medioambiental y social, pero también económico que no es menos importante. En Navarra, hay 78 agricultores menores de 30 años, que los estamos llenando de burocracia, de condicionantes, de todo, menos los bolsillos”.
En cuanto a las placas fotovoltaicas, Bariáin argumentó que, si evidentemente hay unos suelos de alta productividad medibles, medidos y que se sabe cuales son, aquí no se puede entrar en una subasta pública de suelo para grandes empresas para fondos de inversión que ocupen nuestros campos, ahí es donde se debe de poner el énfasis en las condiciones medioambientales que hay que cumplir. “Desde UAGN vemos que hay mucha beligerancia en cuestiones medioambientales con los pequeños agricultores y ganaderos, pero sin embargo cuando llega una macroempresa a hacer macroplantas solares para eliminar pueblos enteros, entonces, ya no hay reglamentación… Pero es que, si el Parlamento quiere, se legisla y se pueden hacer órdenes forales a gran velocidad. Si todos están de acuerdo, limiten esa construcción de macroparques a suelos de baja productividad. Y por favor céntrense en cuestiones económicas, en cuestiones de competitividad con terceros países, que, si a nosotros nos va bien, le doy la palabra de que al medioambiente y los trabaja del campo les va a ir mejor”.
Tercer bloque: Despoblamiento
Miguel Bujanda afirmó que el despoblamiento no es un problema de abandono de los pueblos, sino un debate estratégico en el que el sector primario debe ser la punta de lanza. “La PAC ha afianzado habitantes en los pueblos porque la mayor medida social para un pueblo es que sus explotaciones sean rentables. Así mismo, en Navarra se podrían tomar medidas para acabar con la brecha de la mujer rural, nosotros propusimos el Estatuto de las Mujeres Rurales que venía a conjugar muchísimas medidas en este sentido”.
Javier Lecumberri expuso como “en Navarra, más que un problema de despoblamiento es un problema de cohesión, de igualdad entre los ciudadanos. La solución es complicada, pero las infraestructuras son una pieza fundamental. Y el Canal de Navarra, para nosotros los socialistas, es una de las claves de lucha a favor de la cohesión de los ciudadanos navarros”.
Por su parte, Pablo Azcona, explicó que el despoblamiento y envejecimiento poblacional es un problema de orden mundial, el éxodo de lo rural a lo urbano tiene que ver con el modelo de industrialización que ha concentrado a las personas en los núcleos de población urbana. “En Navarra, las zonas que tienen riesgo de despoblamiento son la zona norte de Tierra Estella, el Pirineo y la zona de Sangüesa, por ahí el Canal de Navarra no pasa, y no hablo de la necesidad del Canal en esas zonas sino de que no es la medida para frenar el despoblamiento”. Para Azcona hay cuatro cuestiones básicas que facilitan que las personas puedan tomar la decisión de vivir en un pueblo: Dotar de servicios básicos a todos los municipios con equidad; Inversión en conectividad desde el punto de vista de desarrollo del plan de banda ancha, no sólo para trabajar en nuestras casas desde las zonas rurales, sino para que el sector agrario se pueda modernizar.; Inversión en movilidad y carreteras.; y Acceso a la vivienda. Para Adolfo Araiz el despoblamiento hay que relacionarlo en Navarra con un modelo de ordenación de territorio. “En los últimos 60 años se ha defendido un modelo de ordenación del territorio basado en una centralidad en Pamplona y comarca a través de la industrialización y esto es lo que hay que cambiar. Estuve leyendo el Plan de Actuación contra el Despoblamiento que realizó UAGN hace dos años y se recogen medidas muy interesantes. Nosotros apostamos por una Ley Foral de Despoblación en la que se deben abarcar partes importantes de algunas bases que se recogen en el documento de UAGN, algunas más discutibles que otras, pero es una aportación interesante. En el sector agrario el despoblamiento es equivalente a inexistencia de relevo generacional”.
Marisa de Simón dijo que a pesar de que los pueblos han ganado mucho prestigio con la pandemia, el territorio no urbano está perdiendo población a marchas forzadas. Plantea como el sector agroalimentario y sector turístico pueden recuperar la actividad en estas poblaciones y ahí el Gobierno de Navarra tiene una gran responsabilidad. Considera que hay tres ámbitos importantes, en primer lugar, tiene que ver con el Plan de Inversiones Locales para que los Ayuntamientos también tengan posibilidad de invertir en la generación de empleo; en segundo lugar, la financiación para acciones contra la despoblación y, en tercer lugar, las 14 medidas que incluyen el Plan Reactivar Navarra para priorizar el desarrollo de los pueblos.
Félix Bariáin afirmó que “para alguien que ha sido alcalde durante tres legislaturas y dos más como concejal de un pueblo de más de 100 habitantes, debatir sobre este tema es sencillo y permítanme que les diga que ni los partidos que estaban antes ni el Gobierno actual han hecho absolutamente nada. Ahora han creado un comité de cien expertos a nivel nacional para analizar la situación y yo tengo claro que en una tarde con diez alcaldes pueden hacen una foto exacta de la situación real. Las medidas están claras: apoyo a todas las inversiones que se hagan en el mundo rural”.
Fiscalidad
Comenzó este cuarto bloque Marisa de Simón que expuso que “cuando se aprobó esta ley que suprimía el sistema de módulos en la renta, mi grupo se abstuvo, porque aunque estábamos de acuerdo con el cambio, no nos parecía el momento más oportuno con esta crisis económica que perjudicaba precisamente a autónomos y en particular al sector agrario y creemos que con las necesidades que hay en estos momentos, habría que abordar una reforma fiscal mucho más profunda y desde un punto de vista global para poder satisfacer las necesidades de todos. Los agricultores y ganaderos tienen que tener el mismo tratamiento como cualquier otro contribuyente”.
Adolfo Araiz afirmó que “me gustaría dejar claro que para nuestro grupo parlamentario el debate no es módulos sí o módulos no, porque desde hace muchos años se viene planteando la necesidad de que cada uno tiene que pagar en función de su capacidad económica y ese es un principio que todos aceptamos. Lo que pasa es que durante muchos años se ha venido defendiendo la necesidad de que desapareciera la tributación de módulos y el problema es que cuando nos ha llegado a Navarra nos hemos asustado, sobre todo los afectados, porque había colectivos donde este sistema de tributación les beneficiaba. Se trata de que cada uno pague en función de su renta y soy consciente de que ha habido críticas porque se cree que no era el momento oportuno por la pandemia, que había una situación que no se estaba produciendo en el resto del Estado, pero no se decía por ejemplo que en el País Vasco desde hace unos años los módulos no existen. Que se ha hecho el cambio sin diálogo, sin adaptación… nosotros planteamos un periodo transitorio y el Gobierno de Navarra ha valorado que el cambio hay que hacerlo de forma definitiva”.
Pablo Azcona aseguró que sin una fiscalidad justa no se pueden hacer políticas. “El sistema de módulos nació para un tiempo transitorio y se ha ido prorrogando en el tiempo porque nadie ha querido cambiar desde el punto de vista político. Se puede discutir si el momento era el más idóneo, pero es verdad que era un paso que estaba avanzado e iba a suceder. Como Geroa Bai hicimos la propuesta de una Ley de Mecenazgo Rural en la que aquellos que inviertan en el ámbito rural puedan tener beneficios fiscales”.
Javier Lecumberri insistió en que “para nosotros el tema es claro, la fiscalidad es una de las formas de reparto y de justicia social. En 2018, el Gobierno del PP decide eliminar el sistema de módulos y se establece un régimen transitorio y durante ese periodo transitorio las dos comunidades autónomas que tenemos autonomía fiscal, Navarra y País Vasco, deciden poner en marcha lo que ya se ha aprobado en el resto del Estado. Si el régimen de módulos se aplicara correctamente con los parámetros adecuados, la verdad es que la diferencia no debería de ser tan grande. A nosotros nos parece lo justo, defendemos este modelo, sabemos que ha creado malestar, pero nos parece lo más correcto”.
Miguel Bujanda aseguró que se trata de un modelo impositivo. “Hay otro modelo, bajar la presión fiscal y todo esto redundará en generar más beneficios para más derechos sociales, educativos, sanitarios… En Navarra no era el momento porque es un torpedo en la línea de explotación en los pueblos, porque no es lo mismo tener un negocio de hostelería en un pueblo que en Pamplona, el sistema de módulos tiene como objetivo que muchos de los beneficiarios no tengan que tener esa presión fiscal por su forma de vida. Parece que en el agro estamos tributando de una manera injusta, pero no es así”.
Félix Bariáin afirmó que “el tema fiscal es la zancadilla más grande que se le ha puesto a nuestro sector en las últimas décadas y no me estoy refiriendo al cambio, sino a las formas. Veníamos de una manifestación donde denunciábamos que la situación era insostenible y pongo en valor la labor del sector agrario de esta comunidad, porque pasaron en quince días de denunciar los bajos precios a preguntar cómo podían producir para que al ciudadano no le faltara de nada. El premio a seguir manteniendo los lineales llenos ha sido una subida fiscal brutal. El sistema de módulos en el sector agrario es un sistema progresivo, basado en un estudio del departamento de Desarrollo Rural que en función de la generación de beneficios de un sector se marcan unos índices en el Departamento de Hacienda. Que sea justo o injusto, pues no lo sé, yo entiendo que el sistema estaba hecho siguiendo unos criterios justos. En cuanto al sistema nuevo, he hecho dos preguntas al Gobierno de Navarra que no me ha sabido responder: ¿Cuál es el estudio de previsión de ingresos? No vaya a ser que el 35 % sea mucho o sea poco. ¿Y dónde está el estudio del departamento de Desarrollo Rural mediante el cual se basan para calcular ese 35 %? Se lo contesto, no existe. Se puede pedir una supresión de los módulos en función de una modernización del sistema fiscal lo que no se puede es tirar por tierra es la credibilidad y honradez de los agricultores y ganaderos, ya que he escuchado que es un sistema muy proclive al fraude”.