El Consejo de Ministros aprobó el pasado 21 de septiembre, el Real Decreto 117/2018 por el que se regulan los fondos y programas operativos, a través de los que reciben ayudas las organizaciones de productores (OP) de frutas y hortalizas.

Su objetivo es recoger algunos aspectos que la normativa comunitaria deja a decisión por parte de los Estados miembros, y conseguir que tanto las autoridades competentes de las comunidades autónomas como las organizaciones de productores de frutas y hortalizas, tengan seguridad jurídica en todo el procedimiento de gestión de estas ayudas, que ascienden a 200 millones de euros al año.

En concreto, contempla la inclusión de las nuevas disposiciones del Reglamento Ómnibus, que incluyó modificaciones de la PAC, (2017/2393 del Parlamento Europeo y del Consejo) y sus correspondientes reglamentos de desarrollo de la Comisión Europea (CE).

Entre ellas figuran la nueva acción de prevención y gestión de crisis de “asesoramiento a productores individuales por parte de OP o Asociaciones de Organizaciones de Productores (AOP)”; la ampliación de acciones ya existentes con “diversificación y consolidación de mercados”, y la “reposición de fondos mutuales” o la flexibilización de la incompatibilidad de estas ayudas con la medida de creación de OP de Desarrollo Rural.

También se contempla la inclusión de las medidas estructurales que afectan a los programas operativos recogidas en el “Plan de Medidas para el Sector de la Fruta Dulce” para contribuir al equilibrio de oferta, demanda en este sector.