Desde los servicios jurídicos de UAGN se van a emprender acciones judiciales contra la Orden Foral dictada por el Departamento de Interior porque no puede limitar o restringir uno de los derechos fundamentales que recoge la constitución en su artículo 35, como es el derecho al trabajo, y más aún en un sector esencial como es el sector agrario.

El pasado lunes 5 de agosto, la consejera de Interior, Función Pública y Justicia, Amparo López Antelo, dictó una Orden Foral que suponía “la prohibición temporal, en todo el territorio de la Comunidad Foral de Navarra, de la realización en suelo no urbanizable de actividades agrícolas, forestales y de cualquier otra naturaleza que utilicen el fuego o maquinaria o equipos cuyo funcionamiento resulte susceptible de generar incendios forestales mediante deflagraciones, chispas o descargas eléctricas”.

Ante esta normativa, Ángel Remírez, responsable jurídico de UAGN, confirma que la organización agraria va a emprender acciones judiciales porque “el procedimiento para restringir o limitar las actividades que tengan que ver con el trabajo  en el campo pueden limitarse únicamente con procedimientos contemplados en la Constitución Española, como puede ser el estado de sitio, de excepción o de alarma. Por lo tanto, el procedimiento utilizado no es el adecuado”.

“La Orden Foral no ampara la presentación de ERES por fuerza mayor para suspender los contratos de trabajo de los empleados. ¿Va a pagar el sueldo de los trabajadores el Gobierno de Navarra? Como empresas agrícolas van a tener que hacer frente a costes laborales y sin embargo no se puede trabajar”, manifiesta Félix Bariáin, presidente de UAGN.

Ante esta situación, UAGN insiste en que el Plan de Incendios en el que queda amparada esta normativa da cobertura a poder limitar las actividades que no tengan que ver con el propio trabajo de la agricultura o ganadería. “Permite contemplar actividades complementarias, pero no pueden limitar actividades concretas amparadas por el derecho al trabajo marcado en la Constitución Española”, reitera Remirez.

Continúa Bariáin que “es un auténtico despropósito, que un Gobierno paralice un sector sin un motivo de peso, el coste de paralizar un sector es infinitamente mayor que el coste del incendio causado a 300 hectáreas de tierra ya cosechada, por lo tanto, ha sido desproporcional esta medida y esto no puede ocurrir. Creo que se está desviando el foco político hacia nuestro sector, para que, en cooperativas, en bares, en fiestas de pueblos, no se hable de la comparecencia en el Parlamento y se culpabilice al sector de los incendios, por lo tanto, nos reafirmamos en nuestra postura de que la consejera de Interior tiene que dimitir y no es concebible esa actuación “.