El Consejo de Ministros aprobó, ayer 27 de agosto, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, un Real Decreto de nutrición sostenible de los suelos agrarios, del 27 de diciembre de 2022.  

“Se trata de una vuelta de tuerca en la presión que sufrimos en el sector, especialmente el ganadero. Supone más burocracia cuando se prometió que se iban a rebajar los requisitos; y una traba más, unida al precio de los abonos, las limitaciones que nos imponen”, manifiesta Gonzalo Palacios, vicepresidente de UAGN.

Esta nueva normativa forma parte de las 43 medidas aprobadas por el Ministerio de Agricultura en apoyo al sector agrario. “En su día dijimos que estábamos en contra de las 43 medidas de ministro Planas y esta nueva normativa es una prueba de ello. Entre otras medidas consideramos que las flexibilizaciones en las obligaciones relacionadas con el uso de estiércoles, abonos y otros materiales orgánicos son insuficientes”, matiza Palacios.

En la normativa también se destaca la ampliación de 5 a 10 días del plazo en el que se permite el apilamiento de estiércol, que pueden llegar a 20 días en caso de que el material esté compostado o digerido. También se amplía el plazo para el enterrado de estiércoles y otros materiales orgánicos, que pasa a 24 horas.  “En cuanto a estos plazos también manifestamos que son insuficientes y más teniendo en cuenta la idiosincrasia de la agricultura y la ganadería de Navarra”, expone Palacios.

Otros aspectos de la normativa
En la norma, también se incluyen ciertos incentivos para el uso del cuaderno digital y se detalla aquella información del plan de abonado que debe incluirse en el cuaderno de explotación, uno de cuyos puntos clave es la determinación de la dosis. 

Además de incorporar una redacción más clara de las disposiciones relativas a la reducción de la emisión de amoniaco, se tienen en cuenta otras tecnologías que permiten reducir el riesgo de lixiviación (extracción de una sustancia de un material sólido).

Se añaden nuevos residuos a la lista de aquellos que son admitidos y se modifican sus requisitos, en consonancia con el mercado y los criterios de seguridad y eficacia agronómica. 

Concluye Palacios que “se prioriza una vez más la disminución del impacto ambiental a la viabilidad y rentabilidad de las empresas agrarias”, y matiza que “los profesionales del campo somos los más interesados en aumentar la productividad de los suelos agrarios, pero a través de normativas que prioricen al sector y a sus profesionales”.