La Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra, en representación de Asaja Cantabria, Asaja La Rioja y Asaja Aragón, se reunirá el próximo martes 27 de septiembre en la Comisión Europea con Simonas Satunas, jefe de gabinete del Comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevičius, para trasladarle la situación dramática e insostenible ocasionada por las inundaciones. Así mismo, mantendrá reuniones con distintos Grupos Parlamentarios.

La zona del valle alto y medio del Ebro es una zona de gran tradición agraria y en los últimos años sufre constantemente de inundaciones y muchos municipios, infraestructuras y campos de cultivo se ven seriamente afectados. Las pérdidas estimadas en cada una de las últimas riadas supera los 20 millones de euros. “Además de estas pérdidas económicas está la intranquilidad de las familias que viven en pueblos afectados por las riadas. Y la frustración de las personas que trabajan en la agricultura y ganadería que, pese a estar acostumbrados a convivir con el río, ven con impotencia como cada vez es más difícil cultivar. La situación se ha vuelto insostenible”, denuncia Félix Bariáin, presidente de UAGN.

Desde UAGN, Asaja Cantabria, Asaja La Rioja y Asaja Aragón se lleva denunciando esta situación de forma recurrente, desde hace más de 15 años y la situación sigue sin resolverse. “Además, añadimos la ineficiencia de la Administración en la gestión de las ayudas por inundaciones. En La Rioja no se han llegado a tramitar ayudas por los daños causados por las últimas riadas y en Navarra, pese a las ayudas prometidas, no se han llegado a cobrar todavía”, expone Bariáin.

Dichas organizaciones profesionales agrarias exigen medidas efectivas a corto plazo. Es necesario adoptar medidas correctoras eficaces para la prevención y minimización de los daños que las riadas e inundaciones ocasionan tanto en los cultivos agrícolas como en las infraestructuras públicas y privadas y es fundamental un plan de gestión del riesgo de inundaciones conjunto y coordinado en el que participen los Gobiernos de las comunidades autónomas afectadas, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), las entidades locales y los agricultores; así como medidas de tipo estructural como la creación de embalses, motas, encauzamientos, dragados, etc.