El pasado 2 de febrero Bruselas abrió la consulta pública sobre el futuro de la PAC 2020. Se prolongará a lo largo de 12 semanas y conducirá a la presentación por parte de la Comisión Europea de una Comunicación sobre la aplicación de la PAC después del 2020.

La consulta es el pistoletazo de salida a las discusiones sobre la reforma que se aplicará a partir de 2021.

En el mes de julio se organizará en Bruselas una conferencia para presentar los resultados de esta consulta y posteriormente la Comisión publicará un estudio de impacto, previsto para noviembre, y las propuestas legislativas a primeros de 2018.

A nadie se le oculta que el calendario previsto estará fuertemente condicionado por las decisiones que se adopten sobre el presupuesto plurianual de la Unión Europea y la negociaciones del la salida (“brexit”) del   Reino Unido.

Entre los desafíos a los que deberá responder la futura PAC figuran el mantenimiento de la renta de los agricultores, la consideración de las demandas de los consumidores, la protección del medio ambiente, el cambio climático y el desarrollo de las áreas rurales.

Y la comisión enumera una lista de medidas disponibles para hacer frente a estos retos pregunta sobre: los pagos desacoplados, las ayudas acopladas, el desarrollo rural, las acciones medioambientales y climáticas, las inversiones en el capital físico y humano, las medidas comerciales, las redes de seguridad de los mercados, los sistemas de gestión de riesgos y las ayudas a favor de las Organizaciones de Productores.

Si alguno de nuestros lectores quiere conocer dicho cuestionario debe acceder al enlace aquí.