En España no se ha detectado la presencia de huevos contaminados.

Siete países europeos –Holanda, Bélgica, Alemania, Suecia, Suiza, Francia y Reino Unido- han detectado hasta el momento la llegada de huevos procedentes de granjas donde se utilizó fipronil, un pesticida empleado para matar piojos y pulgas prohibido en animales que forman parte de la cadena alimentaria.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) califica su consumo de «moderadamente peligroso», y aunque las autoridades sanitarias consideran el riesgo para la salud como mínimo, los expertos señalan que su entrada en el organismo en elevadas cantidades puede producir vértigos, náuseas o vómitos, y en el peor de los casos, daños a hígado, tiroides y riñones.

La crisis salió a la luz la primera semana de agosto en Holanda, donde se localizó una concentración inusualmente elevada del pesticida en 28 remesas de huevos y el Gobierno aconsejó de inmediato interrumpir su consumo.

Desde entonces, 180 ganaderos han visto bloqueada su producción y se han retirado del mercado los huevos sospechosos de estar contaminados. El sacrificio de millares de estas aves en Holanda ha desatado las protestas de grupos animalistas.

Pocos días después de que se hiciera pública la recomendación de las autoridades holandesas, el goteo de países que han descubierto restos del tóxico, en su mayoría en huevos importados de Holanda, aumenta día a día: los responsables de seguridad alimentaria de Bélgica, Alemania, Suecia, Suiza, Francia y Reino Unido han localizado huevos contaminados, una lista en la que no aparece España.

Holanda no ha sido el único en reaccionar para evitar el consumo de huevos contaminados. En el caso de Bélgica, tres de las principales cadenas de supermercados del país retiraron de la venta la mercancía sospechosa. Y la misma medida tomó también la cadena alemana ALDI en el país germano y en Suiza.

Bajo la lupa están las empresas que comercializaron el pesticida ilegal, vendido por la compañía holandesa Chick Friends, así como su proveedor belga Poultry-Vision. Los tribunales de Holanda y Bélgica, han abierto sendas investigaciones penales para depurar responsabilidades.

La alerta ha puesto en duda nuevamente la capacidad de las autoridades para evitar la llegada a los hogares europeos de productos no aptos para el consumo, como ya sucediera en episodios como el de las denominadas vacas locas, la peste porcina o la contaminación de piensos con dioxinas.

El caso amenaza con tener consecuencias políticas y los los ministros belgas de Agricultura y Sanidad ya han sido citados en el parlamento para explicar por qué pese a que la agencia belga de seguridad alimentaria (Afsca) detectó el tóxico a comienzos de junio, no alertó al resto de socios europeos hasta el 20 de julio.

La Comisión Europea ha anunciado que si se demuestra que un país infringió las normas al no realizar la notificación dentro del plazo, estudiará abrir un expediente. Bruselas ha tratado de lanzar un mensaje de sosiego al afirmar que la crisis está bajo control.