Todas las organizaciones agrarias de ámbito estatal y Cooperativas Agro-alimentarias de España han transmitido en esta recta final del año una carta a la Ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, su gran preocupación por la asfixiante situación económica de los productores de fruta dulce y las cooperativas del sector y reclaman soluciones urgentes para asegurar la viabilidad de las explotaciones y posibilitar que los agricultores puedan afrontar la próxima campaña.

Se solicitan medidas de carácter financiero y fiscal, tales como la reducción a cero de los módulos para la fruta dulce y la ampliación de la partida de gastos de difícil justificación del 5% al 10% para aquellos que optan por la estimación directa simplificada en el cálculo de la renta (IRPF) de 2017, la apertura inmediata de una línea de avales de SAECA, ayudas y moratorias para los préstamos contraídos y establecimiento de líneas de financiación bonificadas y créditos blandos para afrontar la futura campaña, junto con la condonación de las cuotas a la Seguridad Social y del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), así como la recuperación del máximo porcentaje de subvención estatal en la contratación del seguro de la fruta.

Tras varios años en los que los precios a los agricultores en las distintas zonas de producción han sido bajos o muy bajos, (provocando la reducción de los ingresos y llevando al abandono de explotaciones), la situación actual es muy complicada y las perspectivas para afrontar la futura campaña son muy negativas por falta de liquidez. A ello hay que sumar el incremento constante de los costes de producción, el estancamiento del consumo, el colapso del mercado europeo (veto ruso), las prácticas comerciales abusivas de la distribución o las dificultades generadas por la sequía. El sector es consciente de que se trata de un problema estructural que necesita ser abordado en profundidad y, en este sentido, se ha trasladado al Ministerio un claro reconocimiento por los trabajos que se están realizando para avanzar en la solución de los problemas a medio y largo plazo, a través del diseño con el sector de un Plan Estratégico Sectorial. Sin embargo, las organizaciones consideran que, además de actuaciones estructurales, es necesario poner en marcha cuanto antes una serie de medidas de aplicación inmediata para que los fruticultores puedan llegar a dicho medio y largo plazo y no se vean abocados al abandono.