El pasado 13 de febrero se aprobó una moción presentada por Podemos y respaldada por el PSOE, Ciudadanos, ERC, EH Bildu y otros partidos, que exige al Gobierno someter a debate y aprobación del Congreso de los Diputados las posiciones que defienda España ante la Unión Europea durante la negociación de la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) 2020-2027.

En el texto aprobado, la Cámara pide crear una ponencia en el Congreso con el fin de seguir el proceso de reforma de la PAC y que, antes de cualquier reunión del Consejo de Ministros de Agricultura de la UE, el Gobierno presente sus propuestas ante la comisión del ramo. Todo ello para que las propuestas dentro de ese proceso de negociación “cuenten con la máxima participación del conjunto de actores sociales y económicos implicados”.

De esta forma, el Congreso reclama que esta negociación integre la defensa del modelo de producción agropecuaria familiar, social, sostenible y de pequeña y mediana escala, profundizando y fortaleciendo mecanismos para la transición a un nuevo modelo de producción acorde con los objetivos contra el cambio climático, y que priorice sistemas, modelos, prácticas y producciones sostenibles.

Así, exige poner en marcha un modelo nuevo de gestión de ayudas directas “orientadas al sostenimiento y apoyo a las rentas agrarias de explotaciones pequeñas y medianas, profesionales y ligadas al territorio que mantienen vivo el medio rural”, y “evitar la especulación con los derechos”. Asimismo, pide “una distribución justa de las ayudas, condicionadas por factores sociales, ambientales y económicos y que establezcan un límite claro y significativo en el monto a recibir”.

Por otro lado, pide que la PAC sirva como una defensa del medio rural, con un mayor peso de la Política de Desarrollo Rural, fortaleciendo la metodología participativa y nuevos instrumentos para la lucha contra la despoblación y la mejora de la calidad de vida.

Asimismo, propone ligar la PAC al empleo y al mantenimiento de activos en el medio rural, lo que implica incluir entre las medidas de condicionalidad el cumplimiento de los derechos laborales y promover “la pluriactividad-multifuncionalidad” y favorecer “sectores y actividades con mayor capacidad para generar empleos dignos y de calidad”.

Además, quiere que se adopten medidas para fortalecer el papel de las mujeres, tanto en el sector agropecuario como en las estrategias de desarrollo rural, “que rompan las brechas de género que subsisten tanto en el sector como en el medio rural” y “asegurar el relevo generacional” con “incentivos para la incorporación de jóvenes”. En el caso de las mujeres, el Congreso pide un tratamiento especial a explotaciones de titularidad compartida.

Asimismo, el Congreso reclama fortalecer las medidas de regulación de los mercados con propuestas de transparencia y justicia de cadena alimentaria y “mecanismos eficaces de actuación ante las crisis constantes de precios” y que permitan en estos contextos reactivar el principio de preferencia comunitaria. También se tilda de “irrenunciable” el “principio de reciprocidad”, con el fin de que “la agricultura europea no pueda ser moneda de cambió en la suscripción de acuerdos de libre comercio”.

Por último, se reclama el seguimiento y evaluación del impacto, eficacia y eficiencia de las medidas e intervenciones y consecución de objetivos fijados, con el fin de “recabar una base de análisis sólida para el diseño de la política futura, así como para formular recomendaciones sobre aspectos que podrían mejorar en el futuro”.