La publicación en 2011 de la Ley de Titularidad Compartida situó a España en la vanguardia europea del reconocimiento de los derechos de la mujer rural. Se reconocía y pretendía visibilizar su cotitularidad del medio de vida familiar, cotizar por su trabajo y beneficiarse de las subvenciones y prestaciones en igualdad de condiciones que sus cónyuges.

Seis años después, tal como se puso de relieve en la reunión de trabajo celebrado en Madrid el pasado 23 de mayo, con la directora general de desarrollo rural y Política Forestal con las asociaciones de mujeres rurales, organizaciones agrarias y cooperativas, el resultado de la Ley Titularidad Compartida solo puede calificarse de clamoroso fracaso.

Los datos son elocuentes. Si en las primeras previsiones apuntaban a que pudieran acogerse a la nueva normativa unas 300.000 mujeres rurales, a fecha 18 de abril de este año únicamente figuran inscritas en el Registro de Titularidad Compartida 272 explotaciones.

Y de esas 272 explotaciones inscritas en el Registro, solo dos Comunidades Autónomas acaparan 200; Castilla-La Mancha 188 y Castilla-León 92 explotaciones. La Rioja con 19 explotaciones ocupa el tercer lugar y en Navarra figuran inscritas únicamente 3 explotaciones.

Hay cinco CC. AA: Andalucía, Canarias, Baleares, Madrid y el País Vasco donde no se ha registrado ni una sola explotación.

El Ministerio de Agricultura pretende con la puesta en marcha de este grupo de trabajo analizar la evolución y el ritmo de incorporaciones de explotaciones al régimen de Titularidad Compartida. Se pretende analizar los aspectos de dicha Ley que deben reforzarse con el objetivo de avanzar en la plena equiparación de los derechos y obligaciones de hombres y mujeres derivados de la titularidad de una explotación agraria.